La Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, presentará alegaciones a todos los deslindes propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la costa de la Comunitat Valenciana y que «merman los derechos de los vecinos perjudicados, ya que el territorio afectado pasa a ser propiedad pública», según ha informado el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus, a la Asociación de Afectados por la Ley de Costas de Dénia.
Según Martínez Mus, con esta medida «la Generalitat se coloca al lado de los vecinos frente al expolio injustificado que el Gobierno de Sánchez quiere hacer en nuestra costa, ya que se trata de un hecho muy dramático y traumático allí donde se producen los deslindes».
Para el director general «allí donde hay problemas de regresión, donde se está perdiendo playa, en lugar de hacer las obras de recuperación pertinentes, lo que se hace es quitar la propiedad a los vecinos que han ido perdiendo terreno delante del mar».
En la Comunitat Valenciana los últimos expedientes de deslinde han sido en las costas de Puçol, Bellreguard y Dénia. En la capital de la Marina Alta, ha indicado Martínez Mus, «hay uno en marcha y ahora se han convocado dos tramos más».
En este sentido, el director general ha reiterado que la Conselleria va a alegar en todos los procedimientos de deslinde, y, concretamente en el de Dénia, Martínez Mus ha comunicado a los vecinos que, el próximo 7 de noviembre, día en que se celebrará el acto de delimitación de los terrenos, comparecerá en representación de la Generalitat para presentar todas las alegaciones que se estimen oportunas.
Así ha explicado que, «a través de un acto administrativo, que viene a ser una orden ministerial, se traza una línea y todo lo que queda dentro pasa a ser propiedad estatal, de dominio público marítimo terrestre y cualquier vivienda o construcción que esté dentro ve reducidos sus derechos, aunque tenga escritura».
En el Estado español con el dinero de nuestros impuestos presas y pantanos que retienen los sedimentos que no llegan a nuestras playas. También con dinero público se han construido puertos y espigones que retienen la arena en estas barreras y no permiten el transporte de ésta hasta las playas. Las leyes urbanísticas han permitido la construcción de casas totalmente legales cerca del mar, y ahora tras ver la catástrofe ambiental generada por puertos y pantanos se les dice a los propietarios de los inmuebles colindantes con el mar, construidos legalmente y que han pagado sus religiosamente sus impuestos, que deben ser ellos los que paguen la factura de los desmanes de la administración del Estado y que deben ceder sus propiedades a cambio de nada. Supongo que a nadie le gusta que sin haber cometido ningún delito que le confisquen su casa.
Bien por la Generalitat defendiendo a los vecinos de Denia de unos deslindes que pueden dejar sin casa a más de 1000 Ciudadanos.
Recordemos que esto fue gracias a la protegida de Grimalt, la señorita Ripoll quien pocos días antes de las elecciones salió corriendo a Alicante a aceptar todas las exigencias del entonces Conseller de su partido para desbloquear y poder aprobar con su mayoría absoluta por vía urgente e ilegal un PGE que entre otras maravillas acepta el plan de costas y hace único responsable a nuestro Ayuntamiento de posibles sentencias urbanísticas.
Ahora las consecuencias
Siempre esa progresía en favor de sus intereses y nunca del pueblo.
Menos mal que desde el nuevo Gobierno Valenciano ahora si se toman esas cosas en serio y se defiende a los Ciudadanos.
La competencia sobre Costas es exclusiva del estado español, por lo tanto no tiene nada que ver ni el PGE, ni el ayuntamiento. La ley estatal que tiene una barbaridad de años dice que desde la orilla del mar hacia el interior, los 500 primeros metros son de especial protección y no se permite ninguna construcción, eso es así no por capricho, si no motivado, por como ya se ha visto en les deveses, porque un temporal podría ser capaz de llegar a las viviendas y destrozarlas. Esto no quita que lo sienta por los vecinos afectados, y que lo que creo que se debería hacer es el pago de una expropiación justa o establecer un derecho de tanteo y retracto ante esas propiedades afectadas. Que la Generalitat ponga el grito en el cielo por lo que está sucediendo me parece muy irresponsable y de ignorantes, ya que demuestran un desconocimiento absoluto de las leyes, además de practicar el populismo puro.